Por Mario Rojas R.
La editorial Penguin Random House considera que la resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) que le prohíbe usar el nombre y el rostro de Gloria Trevi (incluso con fines informativos o periodísticos) es un ataque a la libertad de expresión.
“Desde que publicamos nuestro primer libro en 1959 nunca habíamos recibido una orden de censura tan contundente, amplia y agresiva contra las libertades informativas”, señaló la editorial.
La resolución del IMPI le impone una multa superior a medio millón de pesos y advierte sanciones diarias adicionales si continúa distribuyendo el libro Todo a la luz de Karla de la Cuesta.
Ante esta situación, Penguin Random House (PRH) presentó una demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para anular la resolución dictada el 27 de julio de 2026.
La controversia coloca nuevamente frente a frente dos derechos: la protección de la imagen y los derechos de propiedad intelectual, por una parte, y la libertad de expresión y el derecho a informar sobre asuntos de interés público, por otra. La editorial busca que la legalidad de la resolución sea revisada por el tribunal administrativo.
Explicó que el libro de Karla de la Cuesta es resultado de una investigación sobre el expediente penal en el que se absolvió a Gloria Trevi.
La autora reprodujo testimonios de más de diez víctimas, contrastó fuentes periodísticas y criterios judiciales, cuestionó la valoración de pruebas realizada por el juez de la causa, señaló posibles conflictos de interés y documentó su propia experiencia como sobreviviente de explotación sexual y laboral dentro de la organización dirigida por Sergio Andrade.
El nombre de Trevi aparece en el libro porque es uno de sus principales sujetos informativos; y las únicas dos fotografías utilizadas son imágenes públicas de archivo hemerográfico, ya difundidas por la cobertura mediática del juicio.
En los hechos, la resolución del IMPI crea un derecho de veto a favor de cualquier persona señalada en una investigación periodística: nadie podría usar el nombre de una figura pública para informar sobre ella o criticarla sin su autorización previa, bajo amenaza de multas millonarias. PRH advierte que esto generará un efecto inhibidor (chilling effect) sobre el periodismo y la crítica en México.
El camino a seguir
Ante lo que considera una resolución ilegal e inconstitucional, PRH ha decidido combatirla jurídicamente hasta las últimas consecuencias.
La editorial hace un llamado al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que analice este y otros casos similares con estricto apego a la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos y los estándares en materia de libertad de expresión establecidos por la SCJN y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
De mantenerse la resolución, explica la editorial, sería un ataque directo a la libertad de expresión pues nadie podría hablar de un político, un deportista, un personaje del entretenimiento sin su consentimiento, incluso si se trata de una investigación de sus actividades públicas.




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